Vicentín: la gran estafa

Vicentin
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“Vicentín nos robó 23 millones de pesos” dice en su testimonio Eduardo Vargas, un productor chaqueño que manifiesta que el negocio de los cereales es un trato de palabra. En total, la deuda de la empresa Vicentín asciende a más de 100.000 millones de pesos, incluyendo a productorxs, acopiadorxs, trabajadorxs, productorxs de bienes y servicios, bancos nacionales e internacionales y al fisco de la Nación Argentina.

A partir de un anuncio del presidente argentino Alberto Fernández de intervenir la empresa Vicentín, realizado en la tarde del 8 de junio pasado, fueron múltiples las maniobras establecidas por el poder económico concentrado en el país para “embarrar la cancha”. Más allá de las notables debilidades comunicacionales que se observan en el gobierno -tema que no es menor pero no será el eje de este análisis-, el terreno a intervenir pareciera ser un poco más complejo que el imaginado por el equipo político oficial.

Por mayores intentos de maquillaje, sabemos que no se trata de una pequeña empresa familiar que andaba con algunos problemas económicos por casualidad, para nada. Desde vínculos oscuros con la última dictadura, hasta planes sistemáticos de estafas realizados en, por lo menos dos gestiones muy parecidas de un Estado neoliberal: menemismo y macrismo. Tampoco es casualidad podríamos decir.

“Hay que tener en cuenta que Vicentín es la primera empresa agroexportadora de la Argentina, según lo demostró su balance del 31 de octubre de 2018, donde informó ventas por 114 mil millones de pesos, con una ganancia de 30 mil millones de utilidad neta”, afirma Carlos del Frade, diputado del Frente Social y Popular de la provincia de Santa Fe, que investiga hace años los diferentes delitos de la empresa. Además, la misma empresa dijo en aquel balance que su patrimonio era de 500 millones de dólares. Pero curiosamente, “apenas comienza el 2020 se produce un proceso preventivo de acreedores luego de haber decretado la cesación de pagos el 5 de diciembre de 2019 -días antes que Macri dejara el gobierno-, con una deuda de 1350 millones de dólares”, sostiene del Frade.

De alguna manera, toda esta información expuesta hasta aquí sería el desenlace de una maniobra delictiva, que pareciera incluso ser parte de un guion de ficción pero esta vez la realidad lo supera ampliamente. “Diez días antes de declarar el concurso de acreedores, Vicentín tomó un crédito del Banco Nación de Argentina por 18.500 millones de pesos. No pasó por el control de ningún oficial del banco y además, la banca internacional ya había considerado que Vicentín era un activo tóxico”, manifestó la senadora nacional por Chaco, Marín Pilatti Vergara durante un conversatorio virtual denominado “El Estado Argentino y el Caso Vicentín. Soberanía Económica, Comercial, Alimentaria y Derechos Humanos”, con más de 20 mil reproducciones en las redes sociales de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste.

De la estafa se desprende que son 2600 los acreedores que reclaman ante Vicentín, siendo 1900 productores agropecuarios que entregaron oportunamente sus granos a la empresa y no recibieron el pago respectivo. “De esos 1900 productores, 50 son de la provincia del Chaco, que fueron estafados desde 2 a 350 millones de pesos”, confirmó Pilatti Vergara.

El mecanismo de desprendimiento de un porcentaje significativo de sus activos durante el año pasado, muestra a las claras la intencionalidad de estafar a todos los actores señalados al principio. “Uno de los acreedores que denunció a Vicentín, señaló que entre los 2016 y 2018 la empresa contaba con un capital de 500 millones de dólares. En 2019 se redujo a 33 millones, un 88% menos que la empresa deberá explicar porque bajó tanto”, explica Matilde Bruera, diputada provincial de Encuentro por Santa Fe. La legisladora santafesina, que también participó del conversatorio virtual mencionado, afirma que “ante el evidente desprendimiento de su patrimonio, Vicentín pone en riesgo la propiedad privada de sus acreedores, que son productores, gente de trabajo”.

En un informe remitido al Banco Nación por parte de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, se revela que entre agosto y diciembre de 2019 la asociación delictiva de Vicentín fugó 800 millones de dólares del país. “Esta es la identidad de los grandes delincuentes de guantes blancos” sostiene del Frade. La justicia federal avanzó en el levantamiento del secreto fiscal de dos ex funcionarios macristas en el Banco Nación: Javier González Fraga (expresidente) y Lucas Llach (exvicepresidente). La medida alcanza también a Máximo Paodan y Sergio Vicentin, directivos de la empresa estafadora.

A fines de julio de este año, el presidente Alberto Fernández decide derogar el decreto de intervención del Estado ante la firma Vicentín y argumenta en su cuenta personal de twitter que “El juez interviniente en el concurso no ha permitido hasta aquí que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía. Ha impedido también el acceso de la intervención a su gestión y, lo que es peor aún, ha mantenido en sus funciones a los mismos directores que, ante la pasividad del tribunal, siguen sin entregar el Balance y Memoria del ejercicio 2019”.

Sobre llovido, mojado. En la tarde del 12 de agosto muere Sergio Nardelli, ideólogo y ejecutor de la estafa organizada con el macrismo. Como si le faltara algo de picante a este guisado, llega la muerte como pregunta, burlándose casi de todas las estrategias. Accionistas y familiares piensan qué hacer sin el tipo, acreedorxs miran el horizonte tratando de ver cómo cobrar lo robado y los buitres sobrevuelan porque ya se siente el olorcito. Será la hora de caranchear?

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