Un Aporte al análisis de la lucha contra la impunidad en Uruguay.

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El Observatorio Luz Ibarburu y la Secretaria de Derechos Humanos del PIT/CNT, desarrollan actualmente ante el sistema judicial uruguayo, una parte muy importante, de las diversas batallas contra la impunidad. Allí, en el sistema judicial, se articulan dos desafíos democráticos transcendentales: el de la justicia como derecho abstracto en sí mismo, y el de su carácter concreto, de instrumento para salvaguardar otros derechos.

Cuando en 1989, una consulta popular instaló definitivamente en el Uruguay la ley de Caducidad para los crímenes del terrorismo de Estado, fuimos muy pocos los que seguimos insistiendo en seguir reclamando justicia tanto a nivel nacional y/o internacional. Tratar de que comparecieran ante la justicia, los terroristas de Estado, siguió siendo una de nuestros principales objetivos. En ese empecinamiento, quedamos bastante solos, pues muchos, aceptando la lógica de la ley de impunidad, dieron por concluida la lucha por la justicia. Otros, consideraban inútiles los esfuerzos ante un sistema de justicia que fue parte del Estado dictatorial y que ahora era cómplice al resolver que la ley de Caducidad era constitucional. Esas dos visiones, aparentemente muy distantes entre sí, tenían en común, que eran desalentadoras y en parte, desmovilizadoras.

Quienes no nos sumamos a ninguna de esas visiones, por supuesto, no podemos estar satisfechos plenamente con los resultados alcanzados hasta hoy, pero lo cierto es, que algo logramos y seguramente otros resultados se sumaran en el futuro. Un tema que se consideraba saldado (el enjuiciamiento), sigue estando presente a todos los niveles de nuestra sociedad.

Algunas cifras: Desde el primer procesamiento de un terrorista de Estado en el 2002, hasta el día de hoy, se han sometido a proceso con prisión, a 42 represores, y existen pendientes de resolución más de 40 nuevas solicitudes de procesamiento por parte de la fiscalía. De esos enjuiciados, 8 de ellos ya fallecieron durante el proceso. De los que aun viven, 20 están en prisión y 14 cumplen prisión domiciliaria por razones de salud. Dos se suicidaron, antes de ser detenidos, hay otros dos prófugos, uno está siendo juzgado en Italia y otro cumple condena en la Argentina.

Una parte de esto, es consecuencia, de que la Corte IDH, obligó al Estado uruguayo a remover todos los obstáculos que pudieran impedir los enjuiciamientos. ¿Pero, se terminó la impunidad?

La respuesta a esta interrogante, aun para los contrarios a las políticas de impunidad, no es tan simple como parece.

Para muchos la impunidad subsiste, a partir de que la inmensa mayoría de los represores, no han sido enjuiciados, y aquellos que lo fueron viven situaciones de privilegio en cárceles especiales o en sus domicilios. Para otros, la respuesta anterior es solo relativamente cierta, en razón de las cifras antes mencionadas. Es decir, que la impunidad existió realmente, mientras se aplicó la ley de impunidad (1986- 2009).

Esta breve nota, intenta, desde otra perspectiva, brindar algunos elementos que nos permitan entender en que escenario político estamos hoy.

Un primer elemento a tener presente, es que, la falta de enjuiciamiento, no fue en el pasado (1986/2009), el solo efecto de la ley de caducidad. Tampoco lo fue desde 2009 hasta hoy, de la existencia de ciertas normas de nuestro derecho interno que lo impidieran (prescripción, cosa juzgada, obediencia debida, irretroactividad de la ley penal, etc.).

A partir de la sentencia de la Corte IDH; de la jurisprudencia existente a partir del 2009 en la SCJ, en la causa por el asesinato de Nibia Sabalsagaray; y de la ley que reestableció la pretensión punitiva del Estado en el 2011, están habilitados los juzgados penales para investigar y castigar los delitos de lesa humanidad. Cualquiera tiene garantizado el derecho de acudir ante los tribunales, por lo que se podría concluir que está garantizado, en abstracto, el acceso a la justicia. Sin embargo, la justicia es a la vez, que un derecho en sí mismo, también un medio para atender otros derechos. Por eso, concluimos que, aún existe impunidad, puesto que la justicia no ha sido verdaderamente, eficaz.

Esto nos lleva a incorporar el tema central de nuestra preocupación: ¿Esto es solo atribuible al Poder Judicial, o a la no existencia de una política estatal eficaz de persecución criminal mediante la acción mancomunada de todas las instituciones del Estado?

Afirmamos, que existió y existe una acción estatal desarrollada en el marco de una estrategia diseñada para que el Estado resuelva, sin grandes tensiones con los aparatos armados, el proceso de transición de la dictadura a la democracia. La denominada justicia transicional, donde la sociedad debía sacrificar algunos de valores esenciales de una democracia: la justicia y la depuración de sus fuerzas armadas y policiales.

Esos niveles de renunciamiento en el pasado, estuvieron determinados, por las relaciones de fuerza existentes entre los distintos actores sociales y políticos. Actualmente, a partir de la instalación de un nuevo gobierno de derecha, integrado mayoritariamente por aquellas fuerzas que sostuvieron una salida de la dictadura con impunidad, integrado además por un partido militar con importante presencia en el Poder Ejecutivo y el Legislativo, es sin duda de gran preocupación de las organizaciones de derechos humanos. De la capacidad que desarrollen las organizaciones populares, dependerá, sin duda en el futuro la evolución o involución de la lucha por verdad y justicia.

El cambio de la titularidad del Poder Ejecutivo, significo el desmantelamiento o neutralización de toda la institucionalidad, que se creó en el pasado para cumplir con lo ordenado por la Corte IDH. Sobre lo que quedo, pues no dependen del nuevo Ejecutivo – la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo y especialmente la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad – son a donde se dirigen hoy los ataques de la derecha. La defensa de la agenda de derechos, y la institucionalidad que la salvaguarda, es el desafío actual.

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