MUERTOS, CIFRAS Y HERMENÉUTICA

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En Madrid 1987, la película de David Trueba, hay un momento que me llama mucho la atención. Me refiero a esa escena en la que Miguel y Ángela se quedan encerrados accidentalmente y desnudos en un baño. Ese encierro los obliga a acomodarse a ese espacio y a buscar formas de sobrellevar la angustia y la desesperanza. Y entre esas formas, está quizás la más mágica, la más sublime, la más cargada de belleza. Justo sucede cuando Miguel le dice a Ángela que la va a invitar a cine, y aunque esa idea, desde lo racional no se puede realizar, aparece la contundencia de la imaginación para que sea posible.

Miguel toma el esqueleto de un marco de un cuadro (no perdamos de vista que la casa en donde está el baño en el que se han quedado encerrados es de un pintor amigo de Miguel), lo pone en la pared simulando una pantalla de cine, se mete en la tina con Ángela y empieza a “contarle” la película. El poder de la narración de Miguel logra que Ángela, no sólo crea que la historia que le está contando, sino que se apodera de ella, al punto de emocionarse con ciertos detalles.

¿Quieres ir al cine? ¿Quieres venir al cine conmigo? Te invito, le dice Miguel. Y Ángela le pregunta que cuándo. Ahora mismo, le responde él.  

Y es en esa especie de trance en donde los dos, Ángela y Miguel, arman un mundo. Pero no arman ese mundo para olvidarse del afuera, sino para no morir del tedio y de las amenazas del afuera, para hacerle un contrapeso, para ponerle una resistencia. Quizás se trate de un ejercicio hermenéutico. Esa lectura del mundo que hacen Miguel y Ángela, podría ser, en definitiva, hermenéutica. Según Mauricio Bauchot, son tres son los elementos del acontecimiento hermenéutico o acto de interpretación: el texto (con el significado que encierra y vehicula), el autor y el intérprete. Y en esa interpretación, el lector o intérprete trata de colocar el texto en su contexto, para encontrar de mejor manera la verdad textual, que es el objetivo de la hermenéutica. 

Para el caso de Miguel y Ángela en esa escena particular de la película, el texto es la historia que él le cuenta ahí, en el baño; el autor es Miguel, y Ángela la intérprete. Ángela, pone el texto en su contexto, es decir, en su situación de encierro obligado y encuentra la verdad textual al incorporar esa historia a su mundo y al darle una validez importante.

Pero hay algo más sobre el acontecimiento hermenéutico que nos dice Beuchot en su libro  Hechos e interpretaciones, hacia una hermenéutica analógica y es que hay dos intencionalidades básicas que están en juego en el acto hermenéutico: la del autor y la del lector, y a veces pelean a muerte en la arena del texto, tratan de destruirse; pues la intencionalidad del autor lucha por ser respetada (el autor quiere que su texto se entienda como él lo expresó), y la del lector por inscribir su creatividad (el lector no siempre entiende el texto según lo que pretendió su autor).

En lo que corresponde a la situación de Miguel y Ángela, a pesar de que puede existir esa pelea a muerte en “la arena del texto”, entre autor y lector, esas intencionalidades del acto hermenéutico no tratan de destruirse sino que, más bien, se complementan, conviven y se armonizan.  

Y es justo aquí cuando quiero proponer un acercamiento a ese proceso hermenéutico, pero ya no desde la escena ficcional del encierro de Miguel y Ángela, sino en otra escena, ésta sí real, de la Colombia nuestra. 

Para nadie es un secreto que históricamente los relatos han sido un botín para dar cuenta de los acontecimientos, y que el poder ha hecho uso de todos los mecanismos posibles para adecuarlos a su conveniencia, es decir, para resaltar hechos que les convienen y para esconder los que los exponen. Acá, en Colombia, eso nos ha pasado siempre. Por eso, cuando revisamos el caso de las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por integrantes del Ejército Nacional contra jóvenes indefensos desde la lupa de la hermenéutica, podemos ver la realidad desde otra perspectiva.

Durante el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe Vélez que empezó en 2002 y que se extendió hasta 2010, gracias a una reelección alcanzada con actos ilegales como el ofrecimiento de Notarías y otras prebendas, se instaló en el país una política denominada la Seguridad Democrática que según Uribe buscaba darle tranquilidad a las colombianas y colombianos y que terminó convirtiéndose en una política del terror y de la muerte.

Y fue bajo esa política, entre 2002 y 2008, que se dieron esos asesinatos de jóvenes que ilusionados con propuestas de trabajo cayeron en la trampa gestada y organizada por el gobierno y que terminaron con un tiro en la cabeza, o en otras partes del cuerpo, lejos de sus casas y de sus familias, disfrazados de guerrilleros. 

La primera estrategia para acomodar el relato a su conveniencia en este caso fue el hecho de usar unas taxonomías que disfrazaran los asesinatos y que los hicieran ver como algo menos grave. Así, los llamaron “Falsos Positivos”, una expresión propia del lenguaje castrense que realmente no coincidía con lo que realmente fueron: ejecuciones extrajudiciales.  Y la segunda, y la más grave, el maquillaje de las cifras de jóvenes asesinados en esa práctica macabra. 

Las cifras sobre las ejecuciones extrajudiciales que ha dado la Fiscalía de Colombia no coinciden con las que dio hace unos días la Justicia Especial para la Paz, JEP, organismo creado el 23 de septiembre de 2015 por un acuerdo del gobierno nacional, que ejerce funciones judiciales y hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR). La JEP está creada para cumplirá con el deber del Estado colombiano de investigar, esclarecer, perseguir, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que tuvieron lugar en el contexto y en razón del conflicto armado.

La Fiscalía General de la Nación ha reportado que, entre 1988 y 2014, en Colombia se presentaron 2.248 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, pero la JEP dice otra cosa. Según la Justicia Especial para la Paz, entre 2002 y 2008, hubo en Colombia 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Y aquí es donde empieza nuestra hermenéutica. Aquí es donde el texto (con el significado que encierra y vehicula), el autor y el intérprete, sí se pelean, y tratan de destruirse. El autor es Álvaro Uribe Vélez, aunque las cifras (el texto), las dé la Fiscalía. Nosotros, los intérpretes, nos negamos a aceptar ese mensaje, así el autor se empecine en proponerlo como una verdad que sea respetada.  En este caso no se trata de una historia como la que le cuenta Miguel a Ángela en la escena de la película de Trueba sino de una que, aunque tiene quizás la misma intención que la historia de Miguel, es decir, crear una realidad paralela, no logra construir un mundo que sirva para hacerle frente a las amenazas del afuera o para instalar una resistencia, sino que se centra en el objetivo de evadir las responsabilidades de crímenes de lesa humanidad. Porque si nos atenemos al artículo 7 del Estatuto de Roma que dice que: “se entenderá por ‘crímenes de lesa humanidad’ aquellos del listado ‘que se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque’”, esas ejecuciones extrajudiciales son, ni más ni menos, crímenes de lesa humanidad. Esa historia de Uribe Vélez entonces, ya no es un regalo amoroso, como el de Miguel, sino una muestra clara de desprecio por las víctimas, por el país y por el mundo. 

Este tipo de relatos como el de Uribe están diseñados para instalarlos en las narrativas del país y para que se conviertan en una forma de conocimiento de la realidad del país, es decir, en una episteme. La cosa funciona así: construyen la narrativa, la instalan en la mayor cantidad de redes de comunicación, incluyendo las de canales gubernamentales o de instituciones como el Centro de Memoria Histórica, y presionan para que se repita la mayor cantidad de veces para se asuma como verdad. Al mejor estilo de Joseph Goebbels, el jefe de comunicaciones de la campaña nazi. 

Menos mal existen organizaciones como Human Rights Watch que realizan investigaciones independientes y que se atreven a mostrar el otro lado de la moneda. U organismos como la JEP, o medios de comunicación como El Espectador que, aunque sea a veces, desde sus plataformas también cuestiona esos relatos. Un ejemplo de eso es el vídeo de una animación que publicó ese periódico bogotano después de las cifras indignantes sobre ejecuciones extrajudiciales presentadas por la JEP. Empieza con una música de réquiem y mientras el plano se va a abriendo, se ve una montaña de cráneos humanos. Cuando el plano se abre totalmente, aparece una viñeta de diálogo con la pregunta: ¿Y el responsable político? Y antes de que aparezca, se sienten los pasos de un caballo cabalgando que después pasa frente a la montaña de cráneos humanos. El jinete, aunque no se le vea el rostro, indica que se trata de Álvaro Uribe Vélez. Lleva en su mano una taza humeante de café, recordando uno de los vídeos de hace años en el que Uribe Vélez demostraba sus dotes de chalán con una taza de café en las manos. Cuando el jinete Uribe Vélez sale del plano, un zoom nos lleva al cráneo ubicado en lo más alto de esa montaña de cráneos y que tiene en la frente el número 6402 escrito en con números rojos. De ese cráneo, sale otra viñeta de diálogo con la respuesta contundente a la pregunta sobre  el responsable político: estará tomando café.

Según el informe de Human Rights Watch de 2021, “en general las autoridades no han procesado a altos mandos del Ejército presuntamente involucrados en los asesinatos y, en cambio, han concedido ascensos a muchos de ellos. Hasta septiembre de 2020, se habían producido avances muy limitados en las causas contra, al menos, 29 generales del Ejército investigados por falsos positivos”.  Y más adelante afirma que: “En agosto, la Corte Suprema dispuso la prisión preventiva del expresidente y senador Álvaro Uribe, mentor del actual presidente Duque y líder del partido de gobierno, Centro Democrático. Uribe fue detenido como parte de una investigación para determinar si ofreció beneficios a exparamilitares para que cambiaran sus declaraciones en relación con su presunto rol en el establecimiento de grupos paramilitares.  

En reacción a la decisión de la corte, el presidente Duque y otros líderes del Centro Democrático hicieron declaraciones que parecían estar orientadas a desacreditar o intimidar a la corte y socavar la legitimidad de la decisión. Propusieron reformar completamente el sistema judicial y unificar las altas cortes en un único tribunal, una medida que podría socavar gravemente la independencia judicial en el país. 

A fines de agosto, después de que Uribe renunció a su curul en el Senado, la Corte Suprema, que adelanta las investigaciones que involucran a legisladores, se declaró incompetente en el caso y remitió el proceso a la Fiscalía General de la Nación. En octubre, la Corte Suprema resolvió que la renuncia de Uribe al Senado implicaba que debía ser investigado conforme a un procedimiento diferente. El 10 de octubre, un juez decidió que Uribe no podía estar detenido conforme al nuevo procedimiento y dispuso su liberación. La investigación se encontraba en curso a la fecha de redacción de este informe”.

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