URUGUAY: LA LEY DE URGENTE CONSIDERACIÓN (LUC) | ANÁLISIS DE ALGUNOS ASPECTOS CENTRALES

Primera manifestación contra la Ley de Urgente Consideración (LUC), convocada por los Colectivos contra la Represión. 14/05/2020, Montevideo, Uruguay. Richard Yorda
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CAPÍTULO: SEGURIDAD.

  En nuestro artículo anterior sobre este tema, desmenuzamos los distintos capítulos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), que está vigente en Uruguay desde julio de 2020, a partir de su promulgación por parte del Poder Ejecutivo. 

     Frente a esta situación y lo que se percibía en los hechos desde entonces, la sociedad en su conjunto comenzó a desconfiar de los alcances que esta “Ley Monstruo”. Fue así que diferentes organizaciones iniciaron un proceso de discusión sobre el tema, que contemplaba desde el análisis de sus alcances teóricos (en la letra fría de la ley), hasta las consecuencias prácticas de su ejecución en lo referente a los diferentes capítulos que la componen. 

     Desde el inicio de estos intercambios se tenía claro algo, había que hacerle frente a la avanzada de la derecha reaccionaria y sus aliados, pero…. de qué manera?

     La manera que se resolvió fue anteponer un recurso al que se apela con frecuencia en Uruguay, el referéndum revocatorio. Esta instancia prevista en la constitución permite mediante voto secreto a [email protected] [email protected] anular total o parcialmente una ley promulgada. Para habilitar esta consulta, es necesario que quienes impulsan el referéndum alcancen el apoyo necesario mediante la recolección de firmas de las y los [email protected] que estén de acuerdo con la iniciativa. Para esto hay dos caminos, en este caso se resolvió convocar a la militancia a recolectar 700.000 firmas (el 25 % del padrón electoral de Uruguay), para lo cual hay plazo hasta el mes de julio. 

     Algo que estuvo siempre en el debate, era si había que buscar derogar total o parcialmente la ley, debido a que desde las corrientes mayoritarias de la Convención Nacional de Trabajadores (PIT – CNT) se privilegió trabajar en conjunto con el Frente Amplio, partido político que gobernó Uruguay entre marzo de 2005 y marzo de 2020, y que cuenta a nivel parlamentario con una importante bancada. El Frente Amplio (FA), si bien en principio rechazó el contenido y la forma de la LUC, luego terminó votando la mitad de su articulado. Por ello, para contemplar al FA es que se propone en la Intersocial (según el PIT – CNT por un tema estratégico) una campaña por la derogación parcial, que involucra a 135 artículos de los 476 que tiene la ley.

Asume el mando presidencial para el período 2020-2025 el liberal Luis Lacalle Pou. 01/03/2020, Montevideo, Uruguay. Martha Passeggi

¿Por qué dos campañas?

     Fueron varias las reuniones que se sucedieron de la Intersocial para saldar el tema de “derogación total” o “parcial” de la LUC, de modo de iniciar cuanto antes la campaña de firmas. Esta discusión se dilató por varios meses, incluso se votó tres veces en tres reuniones de la Mesa Representativa Nacional Ampliada del PIT – CNT. Resultado: a nivel de la Intersocial se termina laudando en la “mesa chica”, que reúne a las organizaciones más grandes y con presencia en todo el país (PIT – CNT, FUCVAM – cooperativas de vivienda -, FEUU – Federación de estudiantes universitarios -, y la Intersocial Feminista). Cabe aclarar además que FUCVAM y la FEUU cambiaron su postura, ya que, inicialmente iban por la derogación total de la LUC.

     A partir de esta situación, la mayoría de las organizaciones integrantes de la Intersocial (pero con menor peso en lo que compete a la capacidad logística y de convocatoria), reciben un duro golpe en su intención de recurrir toda la ley. Se da comienzo así a un nuevo periplo, del cual surge otro colectivo de organizaciones y militantes que conforman una coordinadora contra toda la LUC y se inicia otra campaña por la derogación total de la misma. 

En estos momentos hay dos iniciativas para lograr llevar a referéndum dicha ley: una llevada adelante por una parte de la “Intersocial” (donde se hallan las organizaciones sociales más grandes del país), que van por una derogación parcial de la ley; y otra que reúne a un conjunto de colectivos y militantes que van contra toda la LUC.

     Si bien se ha cuestionado la existencia de dos iniciativas con planteos como que se anulan entre sí, o que una le quitaría fuerza a la otra, ambas han sido aceptadas por la corte electoral, y para ambas corren los mismos plazos.

     Es frecuente ver personas que firman ambas iniciativas.

La “Seguridad Pública”

    Pero más allá de esto, que mencionamos a título informativo para [email protected] compañ[email protected] de la Trama de todo el continente, en este artículo nos interesa analizar específicamente un capítulo de la LUC, que es el primero, referido a “Seguridad Pública”, es decir “Represión”. 

    No lo haremos desde el punto de vista leguleyo (no somos abogados), sino desde cuales son los mecanismos que se habilitan para la represión policial en la vida cotidiana, ya que este gobierno de derecha, y con el respaldo legal de la LUC, viene imponiendo una avanzada represiva importante sobre el pueblo. 

Un capítulo intocable

     Todos los partidos con representación parlamentaria votaron la LUC. El borrador inicial presentado por el Partido Nacional era un claro proyecto de país “de máxima”, y a partir de las negociaciones políticas, estaban dispuestos a flexibilizarlo para su aprobación. Fue así que “metieron para adentro” no solo a la coalición multicolor de partidos de derecha, sino también al FA (que como ya hemos mencionado antes, hace mucho que dejó de ser “alternativa de izquierda”, para transformarse en una fuerza de centro). 

Pero eso sí: uno de los capítulos que menos se tocó o modificó fue el referido a “Seguridad”. Allí se establece un poder exagerado para la policía. Ahora este “cuerpo de seguridad” puede pedir con aval legal identificación en la calle a cualquier persona, detener para averiguaciones a una persona en la vía pública por “porte de cara” como decimos aquí, y proceder a retenerle recreando la figura de “apariencia delictiva” (muy utilizada durante la dictadura militar de la década del 70 y primeros años de democracia en los 80), con lo cual se amplía el margen de acción policial al filo de la ilegalidad, ya que todo eso queda a criterio de cada “agente”, y sin la necesidad u obligación de identificarse, porque la ley también le ampara en esto. 

Un ejemplo: días pasados en el barrio Malvín Norte (barrio humilde de Montevideo), en un hecho cuyas causas no quedan claras, varios móviles policiales irrumpen velozmente en un asentamiento (casitas de chapa y calles de tierra) del barrio, con intención de detener a alguien. Al generarse una discusión con dos vecinas, un policía dispara a quemarropa sobre una mujer con “munición no letal”, es decir perdigones de escopeta calibre 12, hecho que genera la furia de los vecinos provocando que los “milicos” se retiren raudamente del lugar sin prestar asistencia a la mujer herida, la cual luego hizo la denuncia correspondiente en la emergencia de un sanatorio. 

     Además, se otorga plenos poderes a la policía para desalojar gente de espacios públicos sin necesidad de autorización judicial, con el pretexto de que no se puede pernoctar allí. Es decir que cualquier persona que está en situación de calle (todo esto agravado por la situación de la pandemia), puede llegar a pasar varias noches en algún calabozo, mientras se recortan por otro lado los presupuestos para atender esta tan angustiosa problemática. Pero también esta medida se ha venido aplicando a toda movilización de organizaciones populares que han intentado instalar “carpas” ante determinados conflictos o protestas, solicitando documentación personal a [email protected] acampantes, amenazando con desalojarles y criminalizando la protesta y el derecho a la libre expresión. Así se dio en varios hechos sucedidos en plazas y playas, sobre todo en Montevideo o Rocha, interviniendo de forma violenta con el pretexto de “desaglomerar”, y con actitudes racistas inclusive. Todos estos hechos están documentados por filmaciones caseras de personas que son testigos, y que en algunos casos también sufren la represión de la fuerza y amenazas para que las pruebas no salgan a la luz, como se dió con el caso de un policía que golpeó brutalmente a un adolescente para que borrara el video que había grabado durante uno de esos “procedimientos”. En un evidente caso de abuso de la autoridad.

     Por otro lado, cualquier “desacato” a la autoridad policial o “insulto” puede derivar en detenciones de los “implicados” y pasaje al Poder Judicial. Es de esperar por este motivo y otros, que aumenten en gran número los procesados judicialmente y las personas presas, justo cuando Uruguay rompe records en esta materia, con más de 13 mil personas en cárceles.

     Se crea por otra parte una “división aérea” del Ministerio del Interior, que ya está operativa con helicópteros que controlan las aglomeraciones durante la pandemia con escasa efectividad. Más bien, pasean. Y su paseo nos sale caro, además del constante control que impone sobre la población una medida de estas características.

     Se legitima el secretismo de los servicios de inteligencia de la policía, tristemente célebres durante la dictadura cívico – militar, permitiendo que éstos operen libremente sin tener que rendir cuentas de su accionar y sus costos operativos.  

     Esta es la nueva legalidad, de la cual aquí damos solo algunos datos, y que no es tan nueva tampoco, ya que el Código de Procedimiento Policial del gobierno del FA con el ex tupamaro Eduardo Bonomi como ministro del Interior, ya recogía varias de estas cosas, las que vemos funcionar a diario.

     Acá no hay hechos aislados. Desde que asumió el gobierno hace ya un año, se intensificó la presencia policial agresiva en las calles: patrullajes, Guardia Republicana a caballo, el famoso helicóptero, y los operativos, diurnos y también nocturnos. Incluso detención e impedimento a militantes en todo el país de realizar actividades de propaganda como pintadas de muros, hostigándoles con amenazas y “plantones”. 

     Es así pues, aquel proyecto que se llamó “Reforma Vivir sin Miedo” que tenía y propuso a la ciudadanía el hoy Ministro del Interior Jorge Larrañaga cuando era legislador, que se plebiscitó en 2019 y al que la ciudadanía dijo NO!! en las urnas, hoy con la complicidad de todo el sistema político se hace realidad.

     [email protected] compañ[email protected] de La Trama nos dirán: “bueno, esto no es nada…En Argentina, Brasil o Colombia la situación es mucho más grave”. Y estarán en lo cierto, pero recordemos que este es un país de tan solo 3,5 millones de habitantes, sin grandes ciudades, incomparable con cualquier ciudad de dichos países, y que para la imagen de país “tolerante” y las “bondades” democráticas del Uruguay que es lo que se vende como verso para consumo de propios y ajenos, esto es un retroceso social, y en otro sentido, un avance, un paso más de carácter represivo importante y que va modificando negativamente las condiciones de vida, militancia social y expresión democrática de un pueblo. 

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Esta entrada tiene un comentario

  1. Hugo Colacho Ramírez

    Lo intentare subir al Oeste. Esta bueno el artículo. Abrazos.

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