EN UNOS DE LOS TANTOS DÍAS DEL AGUA EN URUGUAY

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Si bien lo que motiva estas líneas es que cada 22 de marzo desde 1992 al Agua le asignaron una día para recordarla, desde los pueblos y sus territorios luchamos todos los días por defender el Agua y la Vida. En nuestro país desde la década de los 90′ hasta el día de hoy la embestida del Capital siempre nos ha dado un zarpazo a los pueblos, desde las múltiples formas de mercantilización, acaparación, despojo, privatizaciones y concesiones que sufren los Territorios del Agua vulnerando derechos y vidas para satifacer la acumulacón de ganacias y los intereses más mezquinos. 

Los pueblos que integramos el tercer mundo hemos sido históricamente conquistados por la riqueza que poseemos, sufriendo una cadena de explotación y expoliación ejercidas por los monopolios privados, empresas multinacionales, que extraen sus riquezas de nuestros países, donde la política económica y las leyes les son favorables, asegurándose elevadas ganancias en forma acelerada; retirándose luego del país dejando los rastros del despojo y la miseria. Los gobiernos de nuestros países pasivos a estas recetas emanadas de Organismos Internacionales, no hacen más que cumplir su papel de cipayos de los países imperialistas y de la burguesías nativas pro-imperialistas; mientras los trabajadores y trabajadoras permanecemos en la más extrema pobreza. Estas políticas que favorecen el saqueo, al mismo tiempo que degradan el agua y la biodiversidad, destruyen las comunidades que habitan los territorios con sus diferentes formas de vida y culturas. Así, desde nuestra América resistimos de múltiples formas los embates extractivistas que amenazan con destruir nuestros territorios y bienes comunes. 

En Uruguay, nuestro pequeño país capitalista y dependiente, uno de los hechos que marca el fin de una etapa y el comienzo de otra es el año 1992. El plebiscito impulsado por amplios sectores populares organizado contra la Ley de Reforma de las Empresas Públicas tuvo un gran significado. Esta ley de reforma de las Empresas del Estado, no era más que la extranjerización de las Empresas Públicas ya que no existía en nuestro país, capital de tal magnitud que pudiera apropiarse o competir con algún monopolio extranjero. En definitiva la privatización se transformaba en una entrega, significaba la pérdida total del patrimonio, la pérdida de soberanía en servicios públicos tan esenciales para la reproducción de la vida. 

El triunfo electoral del Plebiscito significó la imposibilidad para el gobierno de privatizar las empresas públicas. De todas formas, el gobierno y las clases dominantes aliadas renovaron las fuerzas para continuar por este camino. En el año 2000, el gobierno concede la gestión del servicio de agua y saneamiento por 25 años en el Departamento de Maldonado a Aguas de Bilbao; anunciando la voluntad de continuar por este camino en todo el país. Es importante recordar que ya en el año 1992 el parlamento resuelve como caso especial concesionar por 25 años al Este del Arroyo Maldonado una pequeña zona turística (San Ignacio); habilitando la misma por ley sin ningún estudio previo. Esto pasó totalmente inadvertido para el sindicato, no así para los lugareños; obreros y trabajadores del lugar, que se movilizaron sin lograr el objetivo de por lo menos hacer visible su reclamo que pasó sin pena ni gloria. 

El año 1995 nos marcó a fuego. El Poder Ejecutivo introdujo un artículo en el presupuesto quinquenal que habilitaba a la OSE a realizar la concesión del suministro de agua potable y saneamiento en los 18 departamentos del interior del país, con el objeto de realizar las obras de saneamiento habilitado por el parlamento. Es así que se entrega una concesión en el año 2000 al oeste del Arroyo Maldonado luego de una pujante lucha de los lugareños junto con nuestro sindicato FFOSE, logrando frenar por casi 5 años el pasaje a la concesión. Quedando entonces al este del arroyo Maldonado en manos de

Aguas de Barcelona, filial de la Zues; y Aguas de Bilbao al oeste del Arroyo Maldonado, consorcio integrado por Kartera Uno, Iberdrola, y Aguas de Bilbao. 

El año 2000 se abre un nuevo escenario de lucha en defensa del agua y los bienes comunes como parte de los derechos humanos fundamentales; así como también significó la defensa de nuestras fuentes laborales. Como sindicato fuimos parte de una lucha colectiva que trasciende los límites nacionales, ya que las luchas contra las embestidas privatizadoras fueron simultáneas en el continente. 

Entender al agua como un bien común es lo totalmente opuesto a ser concebida como una mercancía. Por ello nuestro objetivo fue declarar al agua superficial y al agua subterránea de dominio público estatal. Declarar el acceso al agua potable y al saneamiento un derecho humano fundamental. Exigir que la prestación del servicio de agua potable y saneamiento se realice anteponiendo las razones de orden social a las económicas.Que el servicio de agua potable y saneamiento deba ser prestado exclusiva y directamente por persona jurídica estatal. Reclamar una política de agua y saneamiento, basada en los principios de sustentabilidad del ciclo hidrológico. Reclamar la participación de los usuarios y la sociedad civil en su conjunto en la planificación, gestión y control de los recursos hídricos. Establecer las cuencas hidrográficas como unidades básicas para su gestión. Recuperar las concesiones cedidas por el Estado uruguayo. 

Con las experiencias acumuladas y el camino trazado por nuestro pueblo, a la luz de la lucha del pueblo Cochabamba en lo que se llamó la “Guerra del Agua” en Bolivia, ese mismo año (2000) conformamos La Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida (CNDAV), integrada por Comisiones vecinales, gremios estudiantiles, organizaciones políticas, sindicales,sociales, ambientales, cooperativistas, en esta coyuntura nuestro sindicato FFOSE junto a estas organizaciones, fuimos construyendo un camino de participación, y elaborando una reforma constitucional que nos permitiera asegurar en ese proceso un camino de difícil retorno. El 31 de octubre del 2004 se aprueba la Reforma Constitucional, con un 64,7 % de los votos, donde el acceso al agua y al saneamiento es declarado derecho humano fundamental y su gestión sólo puede estar en manos públicas estatales1

La Reforma Constitucional del 2004 marca un antes y un después en la defensa del Agua como Bien Común. La toma de conciencia en la necesidad del cuidado de las fuentes de agua dulce expresada con el voto por la ciudadanía, manifiesta el reconocimiento de que el agua es esencial para la vida; y que por su escasez y su fragilidad ante las actividades antrópicas, es necesario un especial cuidado para preservarla para las generaciones futura. Sin embargo a 17 años del pronunciamiento popular vemos cómo los gobiernos de turno han venido desconociendo, en beneficio del lucro y del gran capital, lo que la ciudadanía estableció en la Constitución. La promoción y ampliación de agronegocio transgénico por medio de los commodities, del cultivo de eucaliptos sin tener en cuenta como eje de ordenamiento territorial las cuencas hídricas y los suelos de cosecha de agua, la instalación de tres plantas industriales de Celulosa hacen comprender que lejos están de la política de aguas establecida en la Constitución.


1 El 20 de mayo del 2005 por un decreto presidencial, el gobierno declara que esta reforma no es retroactiva y los contratos sólo pueden caer por incumplimiento. La lectura política que hace FFOSE y la CNDAV es que el gobierno teme a las posibles demandas (CIADI) y con este decreto, que es totalmente inconstitucional, quiere ganar tiempo y que las empresas se vayan por los numerosos incumplimientos que tienen en su haber, o llegar a una “negociación”. La Comisión interpone un recurso ante el Poder Ejecutivo. Pasados los 150 días sin respuesta se obtiene una denegatoria tácita.

Nadie puede negar, en estos últimos años, que la propiedad y tenencia de tierras se han concentrado y extranjerizado como nunca en la historia, el impacto negativo que ha causado en las fuentes de agua el cambio de la matriz productiva y con ella el cambio del uso del suelo. El agronegocio forestal y sojero instalado en el país ha ampliado su campo de acción a niveles nunca vistos, cubriendo una superficie superior a los 2:500.000 has y sigue en aumento. 

Tanto por el uso del suelo, como por la incidencia del uso de agrotóxicos, las fuentes de aguas superficiales han sufrido un fuerte deterioro. Basta con mencionar algunos episodios de fuerte presencia de mal olor y sabor en el agua potable destinada para consumo humano. . En marzo de 2013 sucedió en el Río Santa Lucía (fuente de agua que abastece a la mitad de la población del país). En el año 2015 en Laguna del Sauce en el departamento de Maldonado, y en el Departamento de Canelones en la Laguna del Cisne en el 2016. También desde esa fecha se vienen registrando cada vez más eventos de cianobacterias en diferentes cursos de agua, siendo estas tóxicas para la salud de la población. Es de recordar en el 2019 una mega marea verde por toda la costa del Uruguay. 

En 2017 se aprueban las modificaciones a la Ley de Riego, ley que posibilita el acaparamiento y mercantilización de agua para riego por capitales privados. Dicha ley tiene como objetivo favorecer y garantizar la producción del monocultivo de soja y maíz transgénico, agregando un componente más al impacto negativo en las fuentes de agua. La construcción de represas (gestionada por privados), configuran una amenaza potencial a la calidad del agua superficial, contraviniendo el principio de gestión sustentable y la preservación del ciclo hidrológico, contenidos en la Constitución. Así mismo pone en riesgo el consumo humano como derecho fundamental y prioritario consagrado en la misma. 

Como frutilla de la torta, en 2017 se agregó un 7,3 % al incremento de la suba de tarifas lo que el Ministro de Economía llamó la “Tasa Ambiental” por el grado de deterioro del agua para ser potabilizada, esto significó un 32 % de los costos fijos2, pero lo más grave es que pagan esta tasa ambiental los usuarios del agua potable y no los que contaminan. 

La embestida privatizadora no se detiene en ninguna de sus múltiples formas y bajo cualquier gobierno de turno. Ante los intereses del Poder Ejecutivo de concretar obras de infraestructura para garantizar el abastecimiento de agua potable para el área metropolitana bajo de figura jurídica de “Consorcios de Capitales Privados” que además de construir pretenden gestionar, operar, y realizar en mantenimento, nuestro sindicato FFOSE alerta a la población que es una Privatización del Organismo Público de OSE en beneficio del Capital Privado socializando los costos aumentado las Tarifas Públicas para garantizar la ganancia de los Empresarios, violentando el artículo 47 de la Constitución de la República. 

¡¡¡El agua no es una mercancía, y los derechos no se privatiza!!! 

¡¡¡Territorios sanos dan Agua sana!!! 

¡¡¡Arriba las y los que luchan!!!


2 Fuente Cooperativa Comuna: El servicio de Agua Potable en Uruguay, su principal proveedor y el modelo tarifario – Comuna

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