CRÓNICA DE UNA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS QUE FUE TRATADA SIN DERECHOS NI HUMANIDAD

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DERECHOS HUMANOS EN PARAGUAY JULIO 2021

En pleno siglo XXI, dentro del tercer milenio y de la era digital, la tecnología asombra día a día con sus alcances que incluso, están dejando atrás la atmósfera del planeta para quien pueda costear el paseo además de otros adelantos increíbles, aunque a pesar de vivir en una sociedad con todos esos recursos, se siguen “perdiendo” personas en esta parte del mundo. Parece mentira que persistan adjetivos tan crueles e impunes como “desaparecida”, y que un gobierno entero pueda nadar de manera sincronizada exactamente hacia el lado contrario del esclarecimiento.

El 2 de septiembre del pasado año 2020 las FTC (Fuerzas de Tareas Conjuntas) compuestas por policías y militares de la República de Paraguay, atacaron un campamento del EPP (Ejercito del Pueblo Paraguayo) en el que fueron asesinadas dos niñas inocentes de 11 años, quienes además eran primas. Lilian Mariana Villalba y María del Carmen Villalba, ambas oriundas de la ciudad de Puerto Rico, Misiones, Argentina, localidad fronteriza, vivían con su abuela llevando una vida cotidiana normal y habían cruzado la frontera para conocer a sus padres a quienes no habían visto nunca y que son miembros del EPP. Poco tiempo después de cruzar la frontera se desató la pandemia y por cuestiones sanitarias que restringieron la circulación, no pudieron regresar a la Argentina. Ya cometido el ataque que se cobró estás pequeñas vidas, el gobierno paraguayo aduce que fueron usadas como escudos humanos para permitir la huida de los demás miembros adultos del campamento, en el contexto de ese ataque. Las menores fueron enterradas sin que se les realice una autopsia, sus prendas fueron incineradas y transformadas
en cenizas, llevándose con ellas todas las pruebas que hubieran sido fundamentales para el esclarecimiento del hecho y, además, el gobierno dijo que tenían 16 años de edad, en una flagrante mentira. En noviembre del mismo año 2020 es vista por última vez, Carmen Elizabeth Villalba de 14 años “Lichita” quien había sobrevivido al mortal ataque y habría huido para salvar su vida comenzando un periplo por el que está bajo sospecha el accionar del gobierno paraguayo, quien habría desatado una verdadera cacería. Ella permanece desaparecida y se hacen grandes esfuerzos desde las distintas organizaciones de DDHH para esclarecer las circunstancias de su desaparición y para seguir exigiendo su búsqueda.

En el contexto de estos aberrantes hechos, se conformó la cuarta Comisión de Derechos Humanos que se trasladó hasta Paraguay con el objetivo de continuar trabajando por el esclarecimiento de esos crímenes y la búsqueda de “Lichita”.

Darío Machado, militante del Movimiento Patriótico Revolucionario Quebracho cuenta que formó parte de esta comitiva como miembro de una organización revolucionaria y también como padre, sintiendo la necesidad de luchar por sacar a la luz la verdad.

Él manifiesta que participaron de la comitiva distintas organizaciones comprometidas en el esclarecimiento, como Quebracho, Rebelión Popular, Nuestra América y APDH de La Matanza, con el fin de buscar a “Lichita” quien permanece desaparecida desde la emboscada que realizaron las FTC hacia un grupo de compañeros que escoltaba a las niñas a visitar a sus padres, quienes se encontraban alzados en armas en el monte paraguayo. El fin de la comitiva era recopilar información que sea de utilidad para la búsqueda de esa niña desaparecida, por la cual el estado paraguayo no hizo ni hace absolutamente nada por encontrar, además de ser
responsables de su desaparición.

Darío agrega que, “las expectativas que tenían eran las de poder reunirse con funcionarios del gobierno paraguayo y que realmente la comitiva de DDHH tuviera autonomía en su misión y no tuviera, como las tres anteriores, el peso de las FTC sobre sus espaldas y las amenazas a las comunidades donde iban a ir a buscar información, donde siempre se los intimida para que no hablen, tanto de la muerte de las dos niñas argentinas como de la desaparición de Lichita. En ese sentido, nos pusimos a derecho, ingresamos legalmente al país, tuvimos reuniones con el Ministerio del Interior de Paraguay en las que planteamos los objetivos del viaje y pedimos que no haya intromisión de las fuerzas de la represión a nuestra tarea”.

Indudablemente dentro de ese contexto, el trato fue muy distante del esperado y comenta que “en esa reunión fui amenazado de manera personal por el viceministro del Interior Pablo Ríos, por mi pertenencia a Quebracho, teniendo la posibilidad de ser expulsados por ser simpatizantes con el EPP y con las luchas de los pueblos y a esos efectos esgrimió una serie de artículos legales muy irregulares, los cuales nos obligaban a ponernos a disposición de las FTC para no ser expulsados del país”.

A todo esto, es un hecho de simple deducción que las investigaciones en la justicia paraguaya no avanzan en ningún sentido, se han presentado documentaciones e incluso cuentan con presupuestos destinados a la búsqueda y claramente, no se ha avanzado en nada.

En relación al trato recibido, Darío cuenta que “sin confundir a las autoridades del gobierno de Paraguay con el pueblo paraguayo, el trato ha sido humillante, ha sido aberrante y cargado de una prepotencia pocas veces vista. Ese trato derivó en la expulsión de la comisión de DDHH, primero estando secuestrados muchas horas por las Fuerzas de Tareas Conjuntas en la zona de una villa camino a Cerro Guazú, después fuimos amenazados y escoltados hasta el hotel en el que estábamos alojados, para recoger nuestras pertenencias y desde ahí nos trasladaron hasta una base aérea de las Fuerzas Armadas en embarcación, en la que nos hicieron abordar una avioneta militar y fuimos llevados hasta Encarnación donde nos esperaba una fuerte escolta de diez patrulleros de la Policía Nacional que nos llevó hasta la frontera. Allí afortunadamente se encontraba el cónsul argentino, ya que muchos de nuestros compañeros estaban haciendo gestiones ante el gobierno argentino por nuestra seguridad, porque en Paraguay no existía seguridad alguna, allí las leyes las implanta el FTC que solo responde al gobierno de Mario Abdo Benítez, así que podemos entender que fue directamente el presidente de Paraguay quien nos expulsó y se encargó de semejante mal trato hacia una delegación de DDHH”. También manifestó que “es importante aclarar que no se permitió a ningún miembro de la comitiva visitar a Laura y Carmen Villaba respectivamente, a pesar de haberlo manifestado expresamente como uno de los objetivos de la comisión y además es fundamental hacer hincapié en el concepto de desaparición forzada de Lichita, porque más allá de que este o no en manos del ejército, el hecho es forzado. Por último aclaró que “como comitiva ingresamos el día 19 de julio a Paraguay y nos obligaron a presentar una fecha de salida, que en principio era el día 2 de agosto y que no se pudo cumplir, incluso mantuvimos una reunión con la Directora Nacional de Migraciones quien sabía de nuestras acciones, lo cual demuestra que nuestro ingreso fue absolutamente legal pero nuestra expulsión fue totalmente ilegal e inexplicablemente incluyó la expulsión de una compañera migrante paraguaya, o sea que expulsaron a una compatriota suya, a esos niveles de la ilegalidad llegaron”.

Está visto que la realidad supera a la ficción y la injusticia cabalga sobre sobre las luchas populares que buscan los caminos que exigen determinadas circunstancias, en su andar. Es asombroso que aún hablemos de personas que desaparecen, de personas que además de no estar involucradas directamente en ninguna acción violenta sean menores y hayan padecido el rigor de tiempos que se creían pasados, con una crudeza extrema que aparece impunemente renovada. Es inexplicable que el gobierno de un país se diferencie tanto de su gente y de su pueblo y se vuelva autor y participe necesario de hechos tan aberrantes e inhumanos que nada tienen que ver con la defensa de las instituciones o de la justicia, en su defecto. Una menor desaparecida y a la vez desapercibida nos emparenta con las conductas más bajas que pueden tener las personas, más aún de aquellas que tienen la responsabilidad de administrar un país y velar por los intereses de sus habitantes. La desidia puesta de manifiesto se expresó en intenciones e intencionalidades, vulnerando los límites del pensamiento y transformándose en acciones concretas dirigidas a manipular la comitiva e impedir su libre accionar, de manera denostable.

El trabajo no termina ni se deja sin concluir, los avances que se logran son valiosos y ameritan la continuidad, nadie pretende inmiscuirse en cuestiones de estados vecinos, lo que si se busca por todos los medios y con voluntad férrea, es esclarecer hechos aberrantes que sufren personas de nuestro querido continente por parte de quienes deberían brindarles derechos y protección y por el contrario, se esconden detrás de amenazas e interpretaciones falaces de la ley para impedir la investigación y el esclarecimiento.

Si un pueblo reclama, su gobierno debe escuchar, si un gobierno investiga, un gobierno
descubre y esclarece.

Las preguntas ya están, las respuestas aún esperan.

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